Revelaciones sobre negligencia médica en el caso de Pamela Almánzar
El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana ha comenzado una investigación profunda sobre la muerte de Pamela Almánzar, una joven que falleció 12 días después de someterse a un procedimiento quirúrgico en el Centro Médico y Diagnóstico Arroyo Hondo (CEDIAH). La investigación que rodea su muerte está generando una gran atención pública y poniendo bajo el microscopio las prácticas de los centros médicos del país.
Su operación fue realizada por el reconocido cirujano Edgar Contreras. En la actualidad, el área quirúrgica del centro médico ha sido clausurada mientras se lleva a cabo la investigación. Todos los médicos involucrados en la cirugía, excepto el doctor Contreras, han sido citados por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, se espera que el doctor Contreras también sea convocado en los próximos días.
El viceministro de Garantía de la Calidad, José Matos, ha asegurado que Pamela Almánzar estaba en un estado de salud normal antes de someterse al procedimiento quirúrgico. Ahora, el Ministerio de Salud Pública espera los resultados de la necropsia para poder emitir un diagnóstico definitivo y esclarecer las circunstancias que llevaron al desenlace fatal.
Es importante destacar que no es la primera vez que los centros médicos del país enfrentan sanciones de este tipo. Tal como mencionó el viceministro Matos, en el transcurso de este año, se han clausurado quirófanos en cuatro o cinco centros y dos de ellos han sido cerrados definitivamente. Las razones de dichas sanciones se deben a incumplimientos de la Ley General de Salud 42-01 y a la violación de los protocolos de calidad.
Estas situaciones nos llevan a cuestionar las prácticas médicas y la supervisión de las mismas, así como la importancia de garantizar la seguridad del paciente durante y después de los procedimientos quirúrgicos. Este caso ha dejado un trágico recordatorio de lo que puede suceder cuando los centros médicos no cumplen con las regulaciones y protocolos adecuados. Como sociedad, debemos exigir un control más estricto y una mayor transparencia en estos casos para proteger la salud y la vida de los ciudadanos.
